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Inés Gómez Mont libra una de las órdenes de aprehensión por defraudación fiscal

Esto es lo que se sabe

Una jueza federal ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada contra la conductora

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Inés Gómez Mont está prófuga desde hace algunos meses, pues aunque asegura que es inocente, no ha podido comprobarlo, al menos hasta hace unas horas, pues salió a la luz la información de que una juez invalidó una de las órdenes de aprehensión que existe en contra de la conductora.

Este 9 de noviembre, Rosa Montaño Martínez, juez Décimo Quinto de Distrito en Amparo de la Ciudad de México ordenó dejar sin efecto la orden de aprehensión girada contra Inés Gómez Mont, quien es señalada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el delito de defraudación fiscal por más de 12 millones de pesos.

La sentencia fue emitida el pasado 30 de septiembre por Rosa Montaño Martínez, jueza Décimo Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal, por otra parte, la resolución la impugnó el Ministerio Público de la Federación, por lo que será un Tribunal Colegiado el que analice el caso y determine si confirma, revoca o modifica el fallo.

Por el momento se sabe que se ordenó al juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en el reclusorio Oriente que emita una nueva determinación en la que se analice los datos de prueba con los que se sustentó la orden de captura.

La defensa de Inés Gómez Mont señaló que la petición ministerial se realizó bajo el supuesto de que se declararon ingresos menores para efecto de determinar el Impuesto Sobre la Renta (ISR) en ejercicio fiscal 2014.

Fue el 6 de julio de 2022 cuando la Fiscalía General de la República (FGR) giró otra orden de captura en contra de Inés Gómez Mont por una supuesta defraudación fiscal de más de 12 millones de pesos. Este delito supuestamente se habría cometido en 2015, pero hay que aclarar que la conductora todavía no libra todas las órdenes de aprehensión en su contra.

La conductora y su pareja, Víctor Manuel Álvarez Puga, siguen siendo acusados de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita por casi 3 mil millones de pesos relacionados con contratos otorgados por el Órgano Administrativo de Prevención y Readaptación Social (OADPRS).

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