Víctor Manuel Álvarez Puga fue detenido hace unas horas en Estados Unidos, debido a problemas migratorios, sin embargo, el paradero de su esposa, la conductora Inés Gómez Mont y sus hijos ha generado revuelo en redes sociales.
Recordemos que ambos se encuentran prófugos de la justicia en México debido a que son acusados por la Fiscalía, de delincuencia organizada, lavado de dinero y desvío de recursos públicos.
¿Dónde está Inés Gómez Mont y sus hijos?
La situación actual de Álvarez Puga, ha desencadenado un especial interés público sobre Inés Gómez Mont. Sin embargo, la actriz se ha mantenido fuera de la vida pública desde hace más de tres años, tras las investigaciones fiscales que mantiene con la justicia mexicana, junto a su esposo.
Por lo mismo, hasta este momento, las autoridades no tienen información que los lleve a saber el actual paradero de la conductora mexicana, ni se ha confirmado que se encontrara con su esposo en Estados Unidos. Así mismo, no se ha dado a conocer si también fue arrestada junto a él.
No obstante, el periodista de espectáculos, Javier Ceriani, informó hace unos días que la famosa estaría residiendo en Dubái, pues incluso colaboradores de Televisa habrían dado con su ubicación luego de que una llamada de la presentadora.
“Esa señora se levantó al teléfono y dijo: ‘Ay, me está llamando mi amiguita, está en Dubái y me está invitando a Dubái’”, mencionó el periodista.
A pesar de la información otorgada por el comunicador, las autoridades mexicanas, ni estadounidenses, han confirmado oficialmente el actual paradero de la artista, quien continúa prófuga de la justicia y con una ficha roja por parte de Interpol.
Por otro lado, Tita Bravo, exsuegra de Gómez Mont, mencionó hace unos meses que sospechaba que la conductora de televisión habría estado en varios estados de la república, así como otros países, entre los que se encuentran: Chiapas, Puebla, Miami, Italia o islas del Caribe.
Desde 2019, Inés Gómez Mont y su esposo, Víctor Álvarez Puga, han estado bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR), que abrió una investigación en su contra por supuestas operaciones con recursos de origen ilícito.
El monto se centró en aproximadamente 3,000 millones de pesos, presuntamente desviados mediante contratos del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, adscrito a la Secretaría de Gobernación. Según la FGR, esos contratos habrían servido como documentos fiscales simulando transacciones que, en realidad, no se llevaron a cabo.
