Alberto “N”, alias “El Patrón”, fue detenido en San Luis Potosí por presunta violencia familiar contra su esposa Mary Carmen Rodríguez Lucero. De acuerdo con lo reportado, los hechos habrían ocurrido el pasado 6 de abril en el fraccionamiento Lomas del Tec, en San Luis Potosí, donde la víctima llamó a emergencias tras sufrir agresiones físicas.
Ahora el caso ha dado un nuevo giro luego de que el 7 de abril la esposa del exluchador ratificara la denuncia por violencia familiar en su contra, permitiendo a la Fiscalía Especializada para la Atención de la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales del estado, lo que ha dado pie para dar continuidad a la investigación penal.
¿Qué sigue para El Patrón?
Luego de la ratificación, José Alberto Rodríguez Chucuan, quien actualmente sigue detenido por las autoridades mientras se define su situación jurídica, entrará a una nueva etapa de su caso.
El siguiente paso en el proceso será la audiencia inicial, que se llevará a cabo en el penal de La Pila. Un juez de control analizará los elementos presentados por el Ministerio Público y escuchará los argumentos de la defensa para determinar la situación jurídica de Alberto del Río. Esto incluye si podrá enfrentar el proceso en libertad o si se le impondrá una medida cautelar más severa, como la prisión preventiva. Estas medidas se determinan a partir de elementos como riesgo de fuga, el delito y la protección de la víctima.
¿Cuántos años podría pasar El Patrón en la cárcel?
En caso de que el proceso continúe y Alberto del Río sea hallado culpable, la legislación vigente contempla penas que van de uno a siete años de prisión, además de una multa de hasta 700 días del valor de la UMA, según el artículo 205 del Código Penal de San Luis Potosí, e incluso la posibilidad de que el agresor deba someterse a tratamiento psicológico especializado.
Asimismo, si existen hijos de por medio, el juez podría dictar la pérdida de la patria potestad, así como de derechos hereditarios o de alimentos. No obstante, el escenario legal podría agravarse significativamente si las autoridades determinan que la agresión fue cometida por razones de género, en cuyo caso la pena podría incrementarse hasta alcanzar los 20 años de prisión.
