El cantante Luis Alfonso Partida, conocido como El Yaki y exvocalista de Banda El Recodo, enfrenta un proceso legal realizado por su expareja, Kenia Lilibeth Márquez Peña, con quien tiene dos hijas menores de edad. La demanda contra el artista incluye pensión alimenticia y se le señala de presunta violencia psicológica.
La situación fue expuesta por los representantes legales de la mujer, quienes dieron a conocer detalles del procedimiento, que confirmaron, ya se lleva a cabo en los juzgados familiares de Mazatlán, Sinaloa.
¿Qué se sabe sobre el caso de El Yaki?
De acuerdo con la información, Kenia Lilibeth Márquez inició un juicio de alimentos contra el intérprete, identificado con el expediente 1663/2026. El procedimiento busca garantizar los recursos necesarios para sus dos hijas, quienes tienen dos años de edad.
Uno de los señalamientos principales es que la mujer habría dejado de recibir ayuda económica desde el 4 de julio de 2026. Según explicó Guillermo Quintana Pucheta, abogado de Kenia, la falta de dinero afectó las condiciones de vida de las pequeñas, pues su madre tuvo que sacarlas de la escuela al no poder cubrir las colegiaturas.
El representante legal también informó que el 1 de septiembre un juzgado familiar habría establecido una pensión alimenticia provisional para las menores. Sin embargo, aseguró que El Yaki no habría cumplido con los pagos correspondientes, por lo que la defensa presentó nuevas solicitudes ante las autoridades para revisar el adeudo y buscar formas que garanticen la manutención.
Entre las medidas que contempla la representación legal se encuentra el posible aseguramiento de bienes, siempre que se acrediten los requisitos establecidos por la legislación.
El Yaki es acusado de violencia
Además de la demanda por pensión alimenticia, Kenia Márquez, de nacionalidad venezolana, señala que vivió presuntos actos de violencia psicológica, luego de haber terminado la relación y comunicar su idea de presentar acciones legales en contra de El Yaki.
Según explicó su abogado, durante las negociaciones derivadas de la separación se habrían presentado pruebas en las que se mencionaba la posibilidad de cancelar su residencia y deportarla a Venezuela, mientras sus hijas permanecían en territorio mexicano con su padre.
La defensa aseguró que estas expresiones pudieron utilizarse como una forma de intimidación. Para respaldar los señalamientos, Quintana Pucheta aseguró que cuenta con un dictamen pericial en informática forense que analiza mensajes electrónicos.
El material fue presentado ante las autoridades correspondientes para que se investigue su contenido y se determine si existen elementos que acrediten alguna conducta ilegal.
